El
presupuesto del año 2012 ya ha sido calificado como el más restrictivo de la
historia de la democracia española y en el Congreso de los Diputados no hacen
más que debatirse enmiendas a este mismo. Primero, 27.000 millones de euros de
reducción de gasto público. Una semana después, se mete la tijera en salud y
educación, recortando 10.000 millones de euros. Un 83% de la reducción del
presupuesto corresponde al gasto público, sobre todo en áreas sensibles de la
política social. Y ¿quiénes son los más atizados con estas medidas? Pues las
mujeres de escasos recursos, los jóvenes y la población inmigrante. Y todo ello
sin tener en cuenta la dramática reducción que también se extenderá más allá de
nuestras fronteras; y es que la inversión en cooperación y desarrollo se reduce
en un 72%.
Con todo, los
sectores sociales han sido ignorado; se ha olvidado la cruda situación
económica de muchas familias que han llegado a las peores condiciones. Y, en
especial, han debido perderse en algún lugar recóndito, las obligaciones a las
que el Gobierno español ha de responder en materia de derechos humanos. A pesar
de todo, ni las expectativas de Bruselas ni la de los especuladores de la deuda
se han visto satisfechas. No parece suficiente el recorte sin precedentes del
gasto social ni los débiles anuncios de un aumento de la recaudación vía
impuestos, incluida la dudosa amnistía fiscal.
Así, la situación actual no consigue otra cosa que prevenirnos de que
España se encuentra muy lejos de encontrar un punto de luz que nos haga ver el
final de este profundo túnel llamado crisis en el que nos hallamos atrapados. Y
de seguir así, no conseguiremos, en mucho tiempo, ni siquiera un destello de
luz que nos ayude a avanzar.
Pero yo me
pregunto, en definitiva, ¿a quién ha de rendir cuentas el Estado, a los
mercados o a la ciudadanía? Analizar la
eficacia de las cuentas es muy necesario, no obstante, ¿dónde queda el déficit
en materia de derechos fiscales? Es cierto que en España se vive una profunda
crisis económica y financiera, pero hay otra crisis aquí mucho más acuciante y
dolorosa, si cabe, se llama crisis de valores. El actual modelo fiscal del
Estado es discriminatorio, de modo que son los sectores más afectados de la
población por los recortes los que más seguirán teniendo que responder ante las
medidas extremas. La lucha por aumentar la recaudación es mínima en comparación
con las desmesuradas políticas de austeridad. En 2011, en España, el 22% de los hogares vivió por debajo del
umbral de pobreza; es más, a finales del mismo año, 580.000 hogares se
encontraban en situación de extrema pobreza. Por ende, el aumento de la
desigualdad también es palpable, pues la diferencia porcentual entre las rentas
más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año
entre 2009 y el ejercicio siguiente. Así
mismo, el Estado hace oídos sordos al retroceso de los derechos, evidenciado a
través de muchos indicadores sociales en los últimos años.
El
Gobierno no ha explicado las razones y los criterios para recortar más en unos
sectores que en otros, ni aporta elementos que clarifiquen la eliminación de
ciertas ayudas. Así como tampoco nadie ha visto indicio alguno que permita
entender la idoneidad y lógica de las decisiones tomadas hasta ahora. El Estado
parece haber perdido la memoria en materia de derechos económicos y sociales
constitucionales, que por cierto son principios rectores de la política
pública. Y claro está, no ha generado los mecanismos de participación y
escrutinio para que la sociedad civil opine e influya en las medidas adoptadas.
España firmó el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977, por lo que el Estado está obligado a seguir
las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. De modo que, el
Gobierno debe intentar subsanar la amnesia que en materia de derechos sociales
está demostrando, para recordar que la participación ciudadana en las
decisiones que le influyen no es una opción, algo por lo que los gobiernos
puedan optar o dejar de hacerlo, sino un derecho fundamental que dota de
significado y contenido a la democracia.