Amnesia en materia de derechos

El presupuesto del año 2012 ya ha sido calificado como el más restrictivo de la historia de la democracia española y en el Congreso de los Diputados no hacen más que debatirse enmiendas a este mismo. Primero, 27.000 millones de euros de reducción de gasto público. Una semana después, se mete la tijera en salud y educación, recortando 10.000 millones de euros. Un 83% de la reducción del presupuesto corresponde al gasto público, sobre todo en áreas sensibles de la política social. Y ¿quiénes son los más atizados con estas medidas? Pues las mujeres de escasos recursos, los jóvenes y la población inmigrante. Y todo ello sin tener en cuenta la dramática reducción que también se extenderá más allá de nuestras fronteras; y es que la inversión en cooperación y desarrollo se reduce en un 72%.

Con todo, los sectores sociales han sido ignorado; se ha olvidado la cruda situación económica de muchas familias que han llegado a las peores condiciones. Y, en especial, han debido perderse en algún lugar recóndito, las obligaciones a las que el Gobierno español ha de responder en materia de derechos humanos. A pesar de todo, ni las expectativas de Bruselas ni la de los especuladores de la deuda se han visto satisfechas. No parece suficiente el recorte sin precedentes del gasto social ni los débiles anuncios de un aumento de la recaudación vía impuestos, incluida la dudosa amnistía fiscal.  Así, la situación actual no consigue otra cosa que prevenirnos de que España se encuentra muy lejos de encontrar un punto de luz que nos haga ver el final de este profundo túnel llamado crisis en el que nos hallamos atrapados. Y de seguir así, no conseguiremos, en mucho tiempo, ni siquiera un destello de luz que nos ayude a avanzar.

Pero yo me pregunto, en definitiva, ¿a quién ha de rendir cuentas el Estado, a los mercados o a la ciudadanía? Analizar  la eficacia de las cuentas es muy necesario, no obstante, ¿dónde queda el déficit en materia de derechos fiscales? Es cierto que en España se vive una profunda crisis económica y financiera, pero hay otra crisis aquí mucho más acuciante y dolorosa, si cabe, se llama crisis de valores. El actual modelo fiscal del Estado es discriminatorio, de modo que son los sectores más afectados de la población por los recortes los que más seguirán teniendo que responder ante las medidas extremas. La lucha por aumentar la recaudación es mínima en comparación con las desmesuradas políticas de austeridad. En 2011, en España,  el 22% de los hogares vivió por debajo del umbral de pobreza; es más, a finales del mismo año, 580.000 hogares se encontraban en situación de extrema pobreza. Por ende, el aumento de la desigualdad también es palpable, pues la diferencia porcentual entre las rentas más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año entre 2009 y el ejercicio siguiente. Así mismo, el Estado hace oídos sordos al retroceso de los derechos, evidenciado a través de muchos indicadores sociales en los últimos años.

El Gobierno no ha explicado las razones y los criterios para recortar más en unos sectores que en otros, ni aporta elementos que clarifiquen la eliminación de ciertas ayudas. Así como tampoco nadie ha visto indicio alguno que permita entender la idoneidad y lógica de las decisiones tomadas hasta ahora. El Estado parece haber perdido la memoria en materia de derechos económicos y sociales constitucionales, que por cierto son principios rectores de la política pública. Y claro está, no ha generado los mecanismos de participación y escrutinio para que la sociedad civil opine e influya en las medidas adoptadas.

España firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977,  por lo que el Estado está obligado a seguir las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. De modo que, el Gobierno debe intentar subsanar la amnesia que en materia de derechos sociales está demostrando, para recordar que la participación ciudadana en las decisiones que le influyen no es una opción, algo por lo que los gobiernos puedan optar o dejar de hacerlo, sino un derecho fundamental que dota de significado y contenido a la democracia. 

Hoy es nuestro día

Día tres de mayo, fecha que debe marcarse en el calendario de todo el que se precie a honrarse por el hecho de ser libres, que no es poco. Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Pues precisamente hoy en las paredes de la Facultad de Comunicación de la Universidad  de Sevilla, podían verse colgados carteles que anunciaban una manifestación frente al Ayuntamiento de Sevilla para, precisamente en un día como éste, denunciar la precaria situación en la que se encuentra el Periodismo hoy. “Sin periodistas no hay periodismo y sin  Periodismo no hay democracia”, era el mensaje que se reflejaba en los carteles. ¡Y qué acertado! La importancia del Periodismo es extrema, pues los que ejercen esta profesión - por cierto todo un privilegio con la que está cayendo en nuestros días- influyen en la opinión pública siempre, aunque alguna vez pensemos que no. Siempre lo hacen, pues, tanto a través de contenidos informativos como de entretenimiento, ofrecen modelos de vida, estereotipos, reflejan las costumbres que imperan, o más bien que se elige que deben imperar en una sociedad…En definitiva, la comunicación es algo infinitamente valioso y, claro está, imprescindible para el consenso. Pues no olvidemos que comunicar significa “poner en común”. Y es que mediante la comunicación se establece un proceso de retroalimentación, un enriquecimiento mutuo entre dos partes, emisor y receptor.

Así, aquellas personas que, al igual que yo, se llenen de entusiasmos contando historias, intentando que con ellas se ponga un granito de arena para mejorar el mundo un poco más cada día, que se satisfagan con un trabajo bien hecho, que sientan verdadero entusiasmo con el hecho de poder escribir y hacer que sus escritos, por pocas personas que los lean, puedan ser de utilidad a alguien; todas esas personas que son verdaderamente conscientes del poder de la comunicación en la sociedad actual deben dar las gracias a ese Derecho, que hoy destaca en el calendario a nivel mundial, la Libertad de Prensa. Y debemos valorarla y no asumir simplemente la facilidad de la que disfrutamos en estos momentos a la hora de expresarnos públicamente, por pocas personas que nos lean, vean u oigan. No abusemos del hecho de ser libres dañando la dignidad de muchas personas con lo que contemos, ni tampoco invadamos su intimidad; no nos excedamos si aquello que expresemos es algo demasiado profundo y serio sin contrastar fuentes; no pretendamos dar ese toque de sensacionalismo a toda costa, sin tener en cuenta que las historias que contamos tienen como protagonistas a sujetos de derecho… Y podría seguir haciendo recomendaciones que, desde mi simple posición de estudiante de periodismo creo tener claras. Hagamos un Periodismo Diligente y sepamos dar valor a la gran cantidad de canales a través de los cuales hoy cualquiera puede alzar su voz. Pues precisamente el hecho de que todo el mundo, sea de la condición que sea, pueda acceder tan fácilmente a medios tales como blogs, redes sociales, páginas webs y un largo etécetera, entraña bastantes riesgos. Hace que la información u opiniones que se ofrecen puedan verse adulteradas, no teniendo fundamento alguno y afectando, pues, de modo muy negativo, en todas y cada una de esas personas que actualmente se encuentran saturadas por la gran cantidad de mensajes, muchos sin ningún sentido.

Lo más importante es saber que, como ya dijo Santo Tomás de Aquino, “mi libertad termina donde empieza la de los demás”. No obstante, “hay que elegir entre descansar y ser libres”, tal y como señaló Tucídides. Ese ser libres implica mucho trabajo, pues lo fácil no siempre es lo correcto, es más lo difícil suele ser lo verdaderamente importante, pero merece la pena luchar por ello. Yo elijo ser libre, aunque ello implique descansar poco. ¿Y tú?